Ganancias: los peligros de una reforma electoralista, que no mira los verdaderos problemas del impuesto

El proyecto de ley impulsado en medio de la campaña electoral por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, busca liberar del pago de un impuesto sobre los ingresos a la gran mayoría de los empleados cuyos salarios hoy están alcanzados por Ganancias.

Si se mira el mapa laboral de la Argentina, un país con al menos el 40% de su población bajo la línea de la pobreza y con una altísima informalidad, resulta que la iniciativa tiene impacto en una porción de un 5% de los trabajadores, y ese 5% es el grupo de quienes perciben los ingresos más altos del país. Para quienes tienen los mayores salarios dentro de los que quedarían liberados del tributo, la reforma, que no evitaría un daño fiscal -con repercusiones negativas sobre toda la sociedad-, representaría una mejora en el sueldo de bolsillo de alrededor de nada menos que el 40% (hasta más de $400.000 en algunos casos, si se miran los valores de hoy), porque, de pagar una carga sin dudas muy elevada, pasarían al extremo de no tributar nada. Todo ello, por una política tributaria que no está basada en análisis ni en debates de fondo.

Según tributaristas y economistas, la reforma hecha de manera exprés se saltea debates que deberían darse, para que el impuesto sobre los ingresos personales, uno de los considerados más progresivos y uno de los más utilizados en el mundo, se cobre en función de una correcta medición de la capacidad contributiva y sin que se generen diferencias en el trato a los contribuyentes que no resulten justificadas. El problema en la Argentina, para nada menor, es que el esquema está atravesado por fuertes distorsiones, como resultado de la inflación y la consecuente suba nominal de los sueldos, y también como efecto de medidas impulsadas por Massa, que fueron parciales y sembraron discriminaciones.

La iniciativa prevé, según explica la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella, Smudt & Asociados, que lo cobrado por sueldos y jubilaciones pase a estar alcanzado por un impuesto llamado “a los mayores ingresos”, si el monto de la remuneración anual supera los 180 salarios mínimos, vitales y móviles (actualmente, eso equivaldría a $21.240.000, un promedio de $1.770.000 mensuales, porque no se considera el aguinaldo).

Para quienes tengan una remuneración superior, la cifra equivalente a 180 SMVM estaría libre de la carga fiscal y, sobre el excedente, se tributaría según una tabla de alícuotas marginales de entre el 27% y el 35%. No se diferenciaría el nivel de imposición según se tengan o no familiares a cargo, ni podrían hacerse deducciones por gastos, tal como ocurre ahora, por ejemplo, con los pagos para el servicio doméstico o del alquiler de la vivienda.

Hay quienes no entrarían en ese nuevo esquema de un “impuesto cedular”, y seguirían alcanzados por el actual: se trata de quienes sean empleados del Poder Judicial, funcionarios públicos con rango de secretario de Estado en adelante, y de quienes cumplan roles de director o síndico en empresas, o sean miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, o estén en el consejo de administración de “sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas”. Estas personas se mantendrán “en el tradicional cálculo del impuesto a las ganancias”, dice Fernández Sabella. Eso implica que sí podrían restar montos por gastos deducibles o por hijos declarados a cargo, y serían alcanzados por la tabla de alícuotas que rige hoy (actualizada), en la que, si bien las alícuotas van del 5% al 35%, “se produce un salto muy rápido hacia la mayor imposición”.

Un debate adecuado

“Hacer un cambio radical a cómo está pensado el impuesto a las ganancias es algo que requiere de un debate serio; aprobar un proyecto en un trámite exprés es, al menos, desprolijo”, señala la contadora, quien agrega que, por la manera en que está escrito el proyecto, habría “muchísimas desigualdades, sin respetar la equidad horizontal entre contribuyentes”.

Como la implementación está prevista a partir de 2024, el sistema arrancaría considerando como referencia el salario mínimo que esté vigente en enero próximo. En julio, según se explica en el mensaje enviado al Congreso, debería actualizarse el esquema según el valor que tenga el SMVM ese mes, y se tendría que recalcular el impuesto descontado durante el primer semestre. Así, la base para determinar a cuánto equivalen cada año los 180 SMVM sería el valor que tenga esa variable en julio.

Para el abogado especializado en materia tributaria Diego Fraga, socio de Expansion Business, la finalidad del envío del proyecto al Poder Legislativo “es política”. Se busca, considera, “que la oposición cargue con el costo político si no se aprueba”. Y, en caso de que se apruebe, “le provocaría un costo fiscal inmenso al nuevo gobierno, porque no se dice qué gasto público se bajará para compensar la pérdida de recaudación, y si se compensara con emisión, ya se saben los efectos en la inflación”, que en agosto llegó a 124,4% en términos interanuales.

Según una estimación del Ieral de Fundación Mediterránea, hecha sobre la base de datos de la cartera económica, suponiendo que se mantendría constante la recaudación sobre el PBI, habría en 2024 una pérdida del 0,33% del producto de los recursos para las provincias, y de 0,24% para la Nación. Ganancias es un impuesto coparticipable y la mayor parte se reparte entre las jurisdicciones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en tanto, estimó un impacto algo mayor para 2023, equivalente a 0,83% del PBI, con 0,48% del producto menos de recursos específicos para repartir las provincias y la ciudad de Buenos Aires.

Cómo se compensará ese efecto, si con un ajuste del gasto mayor al actual, más emisión o nuevos tributos, o un mix de todo, es algo que no se resolvió.

Falta de actualización y de progresividad

“Hay que ver cómo se instrumentan los cambios, pero desde el punto de vista conceptual no hay razón para que no exista el impuesto a las rentas si son rentas altas -señala Fraga-; es mentira que el salario no es ganancia, el problema es que el impuesto se aplica en la Argentina para salarios muy bajos y, para peor, se llega muy rápido a tributar con la alícuota más alta, por falta de actualización de los parámetros”.

Los economistas Marcelo Capello, Laura Caullo y Azul Chincarini, del equipo del Ieral, advierten que “las nuevas medidas eximen del pago de Ganancias a trabajadores que pertenecen al 5% de personas con mayores salarios, no ayudando a mejorar la distribución del ingreso”.

Según datos difundidos por Economía, dejarían de tributar unas 600.000 personas y el efecto se reflejaría, de acuerdo con cálculos del Ieral y para quienes tienen remuneraciones de alrededor de $1.750.000 brutos mensuales, en una mejora de hasta 39% en el ingreso neto, nada menos que unos $441.000 más por mes (el ejemplo refleja la situación a octubre, mes en el cual comenzará a regir, por decreto, una suba del piso salarial a un importe de alrededor de $2.000.000). Es decir, en muchos casos se pasaría de una imposición considerada excesiva a no pagar nada, aun cuando los ingresos son elevados en función del mapa laboral de un país muy empobrecido. Se estima que hay unos 20 millones de trabajadores asalariados y por cuenta propia, incluyendo a los formales y a los informales.

Los economistas del Ieral señalan que los problemas que tiene el esquema de imposición, que perdió progresividad a causa de varias políticas implementadas, no se solucionan con el proyecto que se trata en Diputados, que “solo corre significativamente el monto de ingresos a partir del cual se comienza a pagar el impuesto” y hace que la Argentina sea “uno de los países latinoamericanos que aplica el impuesto desde ingresos más altos”.

Según datos aportados por el economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Julián Folgar, basados en informes de la Cepal, con los cambios decretados para octubre -desde entonces el piso para tributar equivaldrá a 15 SMVM-, los empleados pagarán Ganancias a partir de salarios que equivalen a tres veces el ingreso per cápita, en tanto que en países como Uruguay, Chile, Brasil y Perú, los pisos para tributar no llegan a equiparar el ingreso per cápita. Es decir, la base local es bastante más elevada. Luego, claro, un factor fundamental es cuánto se paga y con qué progresividad.

Medir la capacidad contributiva

En la opinión del contador Martín Caranta, socio de Impuestos en Lisicki, Litvin & Asociados, el problema del esquema actual no es cómo está concebido, sino que perdió el carácter progresivo, por los parches y por el retraso, frente a la inflación, de los valores de la tabla de alícuotas y de los montos deducibles (es decir, de los montos que se restan del ingreso antes de calcular el impuesto). Caranta cuestiona que, según el proyecto, ya no podrían deducirse familiares o gastos (salvo en los casos de excepción ya explicados).

Los tributaristas marcan también el agravamiento de la desigualdad en el trato dado a los autónomos, que tributan desde ingresos mucho más bajos. Esa distorsión se agravó en los últimos años y se profundizaría mucho más con la eventual aprobación del proyecto para asalariados y jubilados. Luego de las críticas sobre esa cuestión, Massa prometió que enviará un proyecto de ley para ese grupo. “El hecho de que haya un contrato de relación de dependencia no hace a la capacidad contributiva”, señala Caranta.

En igual sentido, César Litvin, CEO del mencionado estudio contable, observa que diferenciar la situación frente al impuesto en función del rol de las personas en las empresas “aleja al tributo de la captación de la auténtica capacidad contributiva”, algo que también ocurriría por la imposibilidad de descontar de la base imponible, para quienes queden en el impuesto cedular sobre los “mayores ingresos”, montos por hijos o gastos. “El impuesto se caracteriza por ser personal, y eso significa que contempla deducciones familiares” afirma. Con el esquema propuesto, se tributaría igual con o sin hijos a cargo.

“Parecen ser más bien medidas electorales que soluciones efectivas”, señala sobre los cambios decretados y propuestos Silvio Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, quien considera que, como los reajustes hechos fueron insuficientes frente a la inflación, se generó “un círculo vicioso en el que los trabajadores siguen atrapados por el impuesto”.

Sin embargo, dice, el proyecto no solucionaría el problema y “es fundamental considerar alternativas más amplias y efectivas para aliviar la carga tributaria”. Una de las opciones, dice, es la baja de impuestos al consumo, para beneficiar a un sector mucho más amplio de la población y ayudar a la economía. “Como ya propusimos -agrega-, lo que hace falta es una reforma tributaria completa; si no, es parche sobre parche”.