Varados en el exterior, víctimas de la tentación autoritaria

“Los que están de vacaciones seguramente se van a poder quedar unos días más. No es tan grave como sí lo es el ingreso de la variante Delta”. Así justificó Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, una nueva medida prohibitiva adoptada por el gobierno nacional. La disposición señala que solo 600 pasajeros por día pueden volver al país, ingresando por el Aeropuerto de Ezeiza. Debería sorprendernos que la funcionaria no se pregunte si para los más de 40 mil argentinos que viajaron al exterior por distintas razones que abarcan turismo, cuestiones laborales, familiares o simplemente para vacunarse, desean quedarse unos días más afuera y si tienen los medios para afrontarlo, y si realmente “no es tan grave” para ellos esta decisión. Pero tampoco repararon en si corresponde negarle a un compatriota el derecho de regresar al país.

Es cierto que en países de Europa se restringieron los ingresos a turistas, pero no se les niega el ingreso a sus ciudadanos, incluso a los que no residen allí pero tienen pasaporte comunitario, a quienes se les exige solo un PCR. Lo comprobó el exministro de salud, Gines González García, quien ingresó a España, se supone con Pasaporte Comunitario, aún vacunado con la Sputnik V, vedada y muy cuestionada en países de la Unión Europea. Párrafo aparte: el informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la EMA (Agencia Médica Europea) que detectó seis fallas de seguridad en su cadena de producción, debería al menos alertar a nuestras autoridades sanitarias.

Otra razón que hace incomprensible esta medida es que el país cuenta además con 9.376 kilómetros de fronteras terrestres, que son literalmente un “colador”. Y como lo demuestra la excelente investigación que Diego Cabot está publicando estos días en LA NACION, miles de personas entran y salen del país por esas “fronteras” sin ningún tipo de control, ni migratorio, ni aduanero y mucho menos sanitario. Desde que comenzó la pandemia, 485 días atrás, el gobierno tuvo bastante tiempo para adoptar las medidas necesarias para controlar sanitariamente esos pasos fronterizos terrestres, pero parecen estar convencidos de que el virus y sus nuevas cepas ingresan solo por vuelos internacionales.

El sesgo autoritario de esta disposición es similar al de la adoptada por el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa (”el ejemplo a seguir”), que dejó durante meses varados del otro lado del Río Bermejo a miles de comprovincianos impidiéndoles regresar a su hogar: gente enferma, desesperada, que tuvo que acampar a la espera de una injustificada autorización. Aquella situación le costó la vida al joven Mauro Ledesma, de 23 años, que en la desesperación por ver a su hija se ahogó intentando cruzar a nado el Bermejo. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia que, como debe ser, antepuso los derechos constitucionales de esos ciudadanos y les permitió retornar a sus hogares.

Está claro que una pandemia es una situación inusual, una tragedia que afectó al mundo que mereció en determinado momento adoptar medidas infrecuentes, pero a 18 meses de su inicio deberían pensar en otro tipo de soluciones que aquellas enmarcadas en prohibiciones que se dictan en busca de un supuesto bien colectivo que, después de todo, nunca alcanzamos.

Hoy Argentina es uno de los peores países del mundo administrando la pandemia, con magros resultados obtenidos en la cantidad de contagios, muertes, indicadores económicos, educativos y sociales que lo ubican, según un ranking de la Agencia Bloomberg

Hoy Argentina es uno de los peores países del mundo administrando la pandemia, con magros resultados obtenidos en la cantidad de contagios, muertes, indicadores económicos, educativos y sociales que lo ubican, según un ranking de la Agencia Bloomberg, como el peor país para transitar la pandemia, porque además de la tragedia sanitaria se provocó una debacle económica y educativa de la que vamos a tardar años en reponernos. Aún con esa realidad golpeándonos todos los días, el gobierno insiste en llevar adelante su estrategia comprobadamente ineficiente concertada en acciones marcadas por comunes denominadores: la prohibición y la sanción.

Ante la evidencia de los resultados, con el correr de los meses, en lugar de rectificar rumbos equivocados y de cambiar decisiones erróneas, los funcionarios del gobierno optaron por correr las metas trazadas por ellos mismos, para ocultar esos fracasos, y las fueron corriendo con demasiada facilidad, sin una evaluación crítica en el medio. Lejos quedó aquel tiempo en el que el presidente Alberto Fernández caía en comparaciones absurdas citando datos y diálogos incomprobables para defender la gestión ante la pandemia y, por ejemplo, decía que si copiábamos la estrategia de Brasil íbamos a tener 10.000 muertos, y cuando ese dato quedó atrás, largamente superado, en diciembre recordó que en marzo había recibido a “alguien que vino a vernos”, cuando comenzaba la pandemia, con “proyecciones realizadas por universidades inglesas que señalaban: si le va muy bien a la Argentina se van a morir 60.000 personas y si le va muy mal se van a morir 250.000; gracias a Dios no alcanzamos la mínima”, dijo Fernández. Seis meses después superamos largamente esa marca y todo indica que, lamentablemente, en pocas semanas alcanzaremos las 100 mil muertes. ¿Correrán ese objetivo nuevamente?

Ahora, castigando a quienes viajaron al exterior, cambiándoles las reglas de juego durante su viaje, simplemente le hacen pagar a esa gente su propio fracaso. No es culpa de los argentinos que el gobierno rechazara millones de vacunas del Fondo Covax o que perdiéramos la posibilidad de adquirir más de 13 millones de vacunas Pfizer. Tenerlas hubiese cambiado notoriamente el estado de situación de la población vacunada con el ciclo completo y les hubiesen aportado una solución a miles de familias con hijos que son grupos de riesgo por padecer comorbilidades y no cuentan con la única vacuna autorizada para ese grupo etario. En lugar de dar una solución, celebran una canción alegórica que ironiza sobre esa necesidad.

Tampoco los varados en el exterior son responsables de que, inexplicablemente, exista en heladeras un stock de 4,5millones de vacunas, en pleno rebrote y a la espera de una cepa más agresiva. Ni son responsables de que el gobierno decidiera comprar vacunas rusas a sabiendas de que el segundo componente podía retrasarse, lo que impide completar su ciclo de vacunación a seis millones de personas. Los varados no tomaron ninguna de esas decisiones, no son autores de los errores de las políticas oficiales, pero se los pena solo por haber viajado.

Desde un principio, el gobierno, se sintió más cómodo prohibiendo, regulando, ordenando o interviniendo, que generando espacios de responsabilidad social e individual

Nos estamos acostumbrando a este tipo de decisiones. Desde un principio, el gobierno, se sintió más cómodo prohibiendo, regulando, ordenando o interviniendo, que generando espacios de responsabilidad social e individual. Se prohibió el tránsito comunitario, salir, reunirse, trabajar, educar, todo por largos períodos, viviendo situaciones de violencia inaudita de parte de fuerzas de seguridad que violaron derechos humanos y civiles de la población en el afán de controlar esas medidas. No supieron prevenir, se equivocaron y tomaron decisiones fundadas en razones ideológicas y políticas antes que sanitarias, como en la compra de vacunas.

Ahora, con la escasa autoridad moral de quienes organizaron un Vacunatorio Vip para inmunizar a los suyos, ante una situación compleja, deciden volver a prohibir. Amparados en la pandemia, con la disposición que afecta a los varados, nuevamente apelan al autoritarismo, un lugar cómodo, una suerte de atajo necesario para gobernar, aunque la credibilidad de esas prácticas solo quede reducida al favor de los propios y al resentimiento de los fanáticos.