La ludopatía es un mal que se extiende dolorosamente en nuestro país; resulta lamentable que sean las propias autoridades quienes la promueven
LA NACION
Hace pocos años, desde estas columnas, celebrábamos que el entonces gobernador mendocino Alfredo Cornejo optara por cerrar casinos y bingos a medida que vencían las concesiones. Se esperaba así retrotraer paulatinamente la situación a antes del inusitado proceso de aperturas de salas de juego, tan contrario a la tradición de la provincia, inaugurado por el exgobernador José Bordón.
En efecto, hasta 1987 funcionaba un único casino en la ciudad de Mendoza, con aperturas en Potrerillos durante los fines de semana de verano. Poco antes de esa fecha, se habilitó uno pequeño para turistas en el complejo invernal Las Leñas, prudentemente alejado de centros poblados permanentes. Con el pretexto de alentar inversiones en hoteles cinco estrellas, se sumaron al casino estatal otras cuatro salas de juego en los alrededores de la capital y otros en distintos departamentos del Valle de Uco, al este y al sur de Mendoza.
El actual gobernador, Rodolfo Suárez, anunció recientemente la incorporación de 900 máquinas tragamonedas al Casino Central y una gran sala de juegos en los departamentos del este de la provincia. Dado que pertenece al mismo partido de su antecesor, sorprende esta decisión que revela un claro e inexplicable retroceso, contrario a aquella sana política que había revertido numerosos desaciertos de las gestiones kirchneristas de Celso Jaque y Francisco Pérez.
Argumentar que el apoyo a los emprendimientos de juego promueve el turismo es insostenible. Basta ver la ubicación de esos casinos y observar quiénes son los concurrentes: la inmensa mayoría son lugareños, personas que llegan en bicicletas o en colectivo, mujeres portando su bolsa de compras, changarines o trabajadoras de casas de familia, ilusionados con la quimera que estas catedrales del vicio proponen. Pierden allí los pocos pesos ganados en lugar de usarlos para aliviar en algo las penurias familiares.
Convenientemente ubicados en los alrededores, no faltan casas de empeño o crédito, tampoco empleados de escribanías al servicio de los jugadores que dejan sus autos o hipotecan sus casas para obtener de los usureros dinero para seguir jugando con la falsa ilusión del desquite. La ludopatía es un mal que se extiende dolorosamente entre nosotros. No podemos seguir consintiendo que sean las propias autoridades quienes la promuevan.
Poco sorprende ya la llamativa persistencia de una dirigencia política empeñada en alentar estas prácticas, gravemente agudizadas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Basta recordar el escandaloso contrato con Cristóbal López días antes de concluir su mandato, refrendado por el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, casualmente abogado del seudo empresario. Los turbios lazos entre el financiamiento ilegal de la política y el notable incremento patrimonial de algunos políticos no son ajenos a estos manejos.
La provincia de Mendoza es uno de los más importantes el centros turísticos del país. No necesita de casinos. El atractivo lo constituyen su historia, sus montañas, la nieve, sus viñedos y bodegas, una atractiva ciudad que parece implantada en un bosque que ha sido fruto del trabajo humano, tierra de gente amable en la que fuertes inversiones privadas en el turismo enológico se han conjugado para el éxito.
El flagelo del juego, sea virtual o presencial, solo degrada a una sociedad. Aparta a sus miembros de la cultura del trabajo, del ahorro y del esfuerzo, destruye sus valores y sus lazos familiares, dejando el campo orégano para otros males mayores.
